Cualquier tipo de terrorismo es, además, local Artículo de opinión de Ronald K. Noble, Secretario General de INTERPOL

Pese al éxito logrado por las fuerzas de seguridad, el desmantelamiento, la semana pasada, de una red terrorista que planeaba hacer explotar aviones comerciales transoceánicos en pleno vuelo ha puesto al descubierto una peligrosa laguna en la estrategia de seguridad mundial. El problema es que los gobiernos y los servicios de seguridad nacionales que detienen a terroristas y proclaman sus triunfos a la prensa, a menudo omiten notificarlo a las fuerzas policiales locales y nacionales de todo el mundo o compartir con ellos una información que resulta esencial para garantizar la protección de sus ciudadanos.

En cuanto detuvieron a las personas que presuntamente planeaban introducir bombas líquidas en las aeronaves, las autoridades británicas se apresuraron a comunicárselo a la prensa, pero no introdujeron la correspondiente información en las bases de datos internacionales a las que tienen acceso los 184 países miembros de INTERPOL para poner sobre aviso a esta Organización o a los organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo.

Tampoco nos proporcionaron ningún tipo de información cuando comunicaron a las entidades bancarias la identidad de algunos presuntos terroristas con objeto de congelar sus cuentas bancarias, a pesar de que la semana pasada el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoció por unanimidad en una votación la capacidad de INTERPOL para ayudar a ejecutar sanciones relativas a la congelación de bienes de los terroristas. Conseguimos sus nombres porque estaban publicados en el sitio web del Banco de Inglaterra.

La información de esta índole es crucial para las fuerzas policiales, que están en primera línea en la lucha contra el terror. Cuando reciben datos sobre tramas y sospechosos, pueden tratar de integrarlos en el rompecabezas formado por toda la información que han ido recopilando sobre las organizaciones terroristas locales y las actividades que éstas llevan a cabo. La divulgación de este tipo de datos a todas las fuerzas policiales del mundo no puede ser fruto del azar.

Si se tratara de un caso aislado, este asunto no revestiría tanta importancia. El problema es que la falta de un intercambio ágil de información en materia de terrorismo con los organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo es sistemática y probablemente así seguirá ocurriendo hasta que los legisladores, los gobiernos y las Naciones Unidas se convenzan de que hay que cambiar la situación. INTERPOL cree que ya hay pruebas convincentes para que esta actitud se imponga.

Empecemos por el ejemplo más reciente. El mes pasado se fugaron de una prisión de Arabia Saudí siete presuntos terroristas sospechosos de estar relacionados con Al Qaeda. No obstante, los funcionarios saudíes jamás lo pusieron en conocimiento de las autoridades de los demás países. Se hubiera podido publicar inmediatamente un mensaje de alerta urgente a escala internacional a través del Sistema Mundial de Comunicación Policial de INTERPOL con objeto de conseguir su detención.

En cambio, nos enteramos de la fuga por la prensa varios días después del incidente y tuvimos que ponernos en contacto con Arabia Saudí para solicitar los nombres, fotografías y huellas dactilares de los fugitivos. A consecuencia de ello, los presuntos terroristas consiguieron una ventaja inaceptable, las autoridades saudíes aún no han comunicado su captura y ahora pueden estar planeando atentados mortales en cualquier lugar del mundo.

Asimismo, en febrero se evadieron de una prisión yemenita 23 reclusos convictos, entre los que se encontraban 13 terroristas de Al Qaeda. Una vez más, las fuerzas policiales internacionales se enteraron del incidente por fuentes públicas. Transcurrieron varios días hasta que recibimos los nombres y fotografías de los fugitivos y seguimos sin disponer aún de sus huellas dactilares.

Debido a la falta de un rápido intercambio de información, incluso cuando esta ya es de dominio público, han caído en saco roto todos los esfuerzos que hemos llevado a cabo después de los atentados del 11 de septiembre. Frustrado por la falta de cooperación en un momento tan terrible, recabé la intervención personal del Fiscal General, John Ashcroft. Cuando expliqué que INTERPOL sólo puede introducir en sus bases de datos la información que recibe directamente de fuentes gubernamentales oficiales – y que el hecho de que se publique en la prensa nos hace un flaco favor – ordenó de inmediato a todos los organismos estadounidenses encargados de la aplicación de la ley que nos facilitaran la información que obraba en su poder, desestimando por ridículo el argumento de algunos burócratas que consideraban necesaria una autorización previa del Gobierno.

Sin embargo, este tipo de cooperación no es frecuente. Después de los atentados con bomba en el metro de Londres del último verano, me puse en contacto con las autoridades británicas para conseguir el perfil de un sospechoso al que estaban tratando de localizar sin éxito, pero mi petición fue denegada. Al preguntar la razón un funcionario me contestó que los londinenses podrían pensar que la policía británica no sabía dónde se encontraba el presunto terrorista y esto podría generar una preocupación innecesaria. Nadie debería aceptar que sus seres queridos perecieran a manos de un terrorista extranjero en libertad porque las fuerzas del orden de su país no hubieran recibido los nombres, las fotografías y las huellas dactilares de los fugitivos. Aunque la mayoría de países desarrollados cuenta con sistemas para que sus distintas fuerzas policiales puedan compartir información sobre delincuentes y terroristas, no disponen de los sistemas adecuados para intercambiar información con INTERPOL o con las fuerzas policiales extranjeras de forma rigurosa.

Del mismo modo, es cada vez más frecuente que las fuerzas policiales locales y nacionales de todo el mundo reciban formación para introducir los nombres, las fotografías y las huellas dactilares de delincuentes y personas sospechosas en las bases de datos nacionales, pero muy pocos funcionarios reciben instrucciones o formación para incorporar este tipo de información a las bases de datos mundiales ya existentes.

Esto se debe a que algunos países piensan equivocadamente que se trata de un asunto de alcance nacional y no internacional, mientras que otros aún no saben lo que se puede hacer o bien continúan teniendo una mentalidad anterior al 11 de septiembre, cuando se privilegiaba la investigación a posteriori en detrimento de la investigación preventiva. Soy consciente de estos problemas, pero pueden resolverse con una formación adecuada, unos protocolos claros y una supervisión constante.

Desgraciadamente, INTERPOL no está en posición de exigir semejante cooperación. Para poder hacerlo necesitamos que todos los países miembros de la Organización establezcan un compromiso organizado y que pueda llevarse a la práctica.

El desmantelamiento de la trama terrorista en Gran Bretaña pone de manifiesto que, en un mundo globalizado, sólo podremos evitar que los terroristas aparezcan en nuestra propia casa si logramos detenerlos aunque se encuentren al otro lado del océano.